¿Es válido y eficaz el sistema jurídico colombiano en un territorio como Córdoba donde no existe el monopolio de la fuerza estatal?

Autores: Andres Felipe Barrera Carrillo , Laura Natalie Galindo Romero y Maria Kimena Rojas Mendez.

INTRODUCCIÓN:

“Se define estado como la institución que posee el monopolio legitimo de la violencia dentro de un territorio” — Max. Weber.

Tomamos esta consigna, del sociólogo alemán, como hilo conductor en nuestro largo trayecto para aproximarnos así al desarrollo del caso que nos ha sido asignado. En este caso tratamos la disyuntiva que se presenta en una confrontación individuo-estado, en la cual ambas partes alegan poseer la potestad de poder ejercer un derecho sobre una propiedad en disputa. Inicialmente hemos planteado el orden cronológico de los sucesos ocurridos basándonos en el caso dado en la actividad de pbl. Nuestra misión será entonces tratar de brindar una claridad objetiva, partiendo de una situación abstracta basados en distintos fundamentos desde los diferentes representantes de la teoría del Derecho y la teoría del Estado.

HECHOS RELEVANTES: El ciudadano Tulio Gómez efectúa un pago a las FARC-EP (Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia) por razón de un impuesto conocido como “impuesto revolucionario”. Dicho desembolso tuvo un valor de 90.000.000 de pesos Colombianos.

Dado que el señor tulio no ha contribuido con el pago de los impuestos al estado colombiano, un juez de córdoba ordena hacer un secuestro de bienes en su propiedad con el fin de cubrir 50. 000.000 que comprenden la deuda tributaria adquirida.

Un inspector de policía y dos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se presentan antes el señor Tulio Gómez con el fin de comunicarle la orden dictada por el juez.

El señor tulio presenta un rechazo ante la orden del juez ya que este afirma haber pagado hace 15 días las suma de 90.000.000 a las FARC en virtud del llamado impuesto revolucionario.

PROBLEMA JURÍDICO:

Partiendo de una relación entre los conceptos vistos en clase y los hechos descritos previamente, el problema jurídico principal y los secundarios que se presentan en el análisis del caso son los siguientes:

¿Es válido y eficaz el sistema jurídico colombiano en un territorio como Córdoba donde no existe el monopolio de la fuerza estatal?

Cuestiones secundarias

1. ¿Es válido el cobro de impuestos por el estado a un territorio donde no se está ejerciendo el monopolio de la fuerza ?

2. ¿Es legítima las acciones de coacción impuestas por las FARC frente a un individuo que no efectúa el pago de “impuestos”?

3. ¿Es un sistema jurídico normativo el establecido por las FARC se necesita que un sistema jurídico sea legal?

 CONCEPTOS RELEVANTES

Embargo: Medida decretada por autoridades judiciales o administrativas con el fin de efectuar el dominio de bienes o derechos de una persona natural o jurídica dejándolos marginados al comercio.

Derecho auxiliar de los acreedores: Grupo de medidas que tienen como finalidad buscar una integridad del patrimonio del deudor teniendo la capacidad de efectuar eficazmente el derecho de prenda general. Dichas medidas se conocen como: las medidas conservativas, la acción paulatina o revocatoria, la acción oblicua u subrogatoria y el beneficio de separación de patrimonios.

El secuestro: Deposito de un objeto disputado por dos o más individuos en manos de otro, que lo restituirá al que obtenga una decisión a su favor.

Estatuto tributario: Es aquel donde se encuentran las normas que regulan los impuestos administrados por la DIAN.

Jurisdicción: Es la capacidad exclusiva que tiene el estado Interés moratorio: Es aquel que se cobra cuando las deudas tributarias no se pagan dentro de los plazos fijados por el gobierno nacional. Se calculan desde el día que se venció el plazo hasta el día de pago.

Obligaciones tributarias: Esta relacionado con el derecho público, en donde existe un lazo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por la ley, para alcanzar un cumplimiento de la prestación tributaria, de manera exigente teniendo una determinada coacción.

Impuestos revolucionarios: Es aquella contribución exigida por las FARC a todo aquel colombiano con un patrimonio superior a un millón de dólares. Dicho impuesto exige el pago del 100% del capital poseído so pena de ser secuestrado.

Desobediencia civil: está fundamentado en la ética, la política y filosofía, no tiene como fin trastabillar el orden jurídico que ha sido establecido, ya que utiliza las vías de hecho. Es un acto de desacato a una ley injusta.

Deuda tributaria: Es aquella cuota que resulta de la liquidación de un impuesto y que tiene como consecuencia el pago a la hacienda pública por parte del sujeto pasivo del mismo. Constituyen a si mismo los recargos exigibles legales sobre la base o la cuota a favor del tesoro o de otros entes públicos, interés de demora, recargo por aplazamiento, recargo de apremio y sanciones pecuniarias.

 METAS DE APRENDIZAJE: Aplicar los conceptos vistos en clase tales como : validez desde las perspectivas del Derecho positivo y el Derecho natural, eficacia desde Pedro Navarro ,norma y sistema jurídico desde Hans Kelsen, Austin y Enrique Afatalión y el monopolio legitimo de la fuerza desde Herman Heller, Max Weber, Thomas Hobbes; para así tener una visión mas amplia y dimensionar la magnitud de la teoría jurídica dentro de la problemática planteada. Reconocer la existencia de otras perspectivas acerca de los temas tratados en el desarrollo de nuestro problema tales como las percepciones en torno a lo visto en clase además de otras conceptualizaciones como monopolio de la fuerza y legitimidad.

DESARROLLO DEL PROBLEMA JURÍDICO: Existiendo ya una previa claridad en los conceptos pertinentes a este caso , nos planteamos entonces llegar a una conclusión que responde a nuestro problema jurídico principal , en la medida en que respondamos los secundarios. Retomamos entonces, el problema jurídico central para así tener claridad argumentativa: ¿Es válido y eficaz el sistema jurídico colombiano en un territorio como Córdoba donde no existe el monopolio legítimo de la fuerza estatal? Nuestro punto central tiene como objetivo presentar las posiciones teóricas posibles al respecto y finalmente llevarnos a adoptar la más apropiada posición según los criterios que hemos expuesto anteriormente. En nuestro caso, sabemos que existen dos fuentes de poder, las Farc y el Estado. Sin embargo, las dos no pueden ser legítimas en la misma zona, puesto que en un Estado Social de Derecho como lo es el colombiano, nuestra constitución menciona en el Artículo 216, Cap. 7, que: Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Que solo es legítimo el monopolio de la fuerza física por parte del Estado Es decir que ningún otro organismo, ente o institución puede atribuirse este derecho pues en el caso en que incurra a violar esta ley automáticamente estará violando el ordenamiento jurídico del estado colombiano y será un grupo subversivo ilegal. Según Weber, el concepto de monopolio de la fuerza violenta legítima debe ser entendido como la potestad que tiene un Estado de desplegar legítimamente coacción sobre cualquier persona, siendo la única fuente de derecho a ejercer una fuerza física sobre otro. En contraste, la filósofa Hannah Arendt establece que la falta de eficacia de las normas se relaciona directamente con una ineficacia en la aplicación de la coacción, desde esta perspectiva podemos deducir que al no exigir la cabal aplicación de las normas emitidas por un orden jurídico legal, en este caso emitidas legítimamente por el estado, es probable que a su vez sea debido a la negligencia a la hora de ejercer la fuerza, pues si un estado no es lo suficientemente competente para hacer eficaz una normatividad establecida, es por ende negligente ejerciendo su legitimidad, su más importante poder, el poder de ser el único legalmente autorizado para ejercer la coacción. Dando lugar a la entrada de nuevos entes, que sí son eficaces a la hora de ejercer este monopolio de la fuerza, pues a pesar de que no estén legalmente reconocidos, es decir que estén por fuera de una normatividad legal, ya establecida, se encuentran entonces al margen de esta, pero eso no es ni siquiera un motivo para que dejen de hacerlo pues en el caso especifico de las FARC, ellos no tienen solo el poder sobre las armas, sino del territorio, o dicho en otras palabras, tienen una soberanía integral, y ejercen eficazmente lo que en su lugar el Estado debiese ser el que lo ejerce. Vemos que el monopolio de violencia legítima implica que el Estado no sea solamente un ente político o jurídico, sino que a su vez posea el monopolio de la capacidad de ejercer coacción sobre sus ciudadanos, y precisamente que por ser un monopolio debe rechazar la idea en un caso hipotético de aceptar a un tercero que ejerza este mismo poder de coacción pues en este caso no solo se estaría violando el principio de soberanía del Estado sino que además peligra al mismo estado social de derecho, pues desarticula su fuente de derecho que es la única capaz de ejecutar el uso de la violencia, pues esta coacción debe ser irrestrictamente centralizada y unitaria, y solo puede recaer en la responsabilidad de un Estado legítimamente constituido. Por eso no es raro, que un ciudadano, como el señor Tulio Gómez, le de la legitimidad a las FARC, afianzando su relación de subyugación. Y se sienta obligado a efectuar un pago a un grupo insurgente y no a quien legalmente debiese ser, en este caso al Estado. En consecuencia, es el Estado el único que tiene la facultad de detentar los medios de coerción, solo él puede poseer fuerzas armadas (llamar a las armas), solo él puede administrar justicia, y solo él puede recaudar impuestos. Es por esto que el Estado no puede permitir por ninguna circunstancia la existencia de grupos armados diferentes a los establecidos legalmente, pues de hacerlo inmediatamente implica una amenaza mayor contra la estabilidad del ordenamiento jurídico. En consecuencia, nos indagamos: ¿Son legítimas las acciones de coacción impuestas por las FARC frente a un individuo que no efectúa el pago de “impuestos”? Para nosotros es negativa esta respuesta, pues dentro de un ordenamiento jurídico establecido y reglamentado por una Constitución, el hecho de que un individuo efectúe pagos a instituciones ajenas al Estado, ese constitucionalmente ilegal. Entonces, cuando un estado como el colombiano no detenta este poder de poseer un monopolio de la fuerza, que constitucionalmente le es conferido, no hay duda de que hay una crisis de legitimidad, pues la existencia de estos grupos insurgentes representa la negligencia por parte del Estado de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Como sabemos en el territorio del norte de Córdoba, en donde reside el señor Tulio Gómez, el monopolio de la fuerza es ejercido por las FARC, por esta razón, él debe pagar un “Impuesto para la paz”, para no ser “retenido” por las FARC. De la misma forma, el señor Tulio al vivir en un territorio que hace parte del estado Colombiano, debe contribuir con el “estatuto tributario” que está establecido por la ley. Teniendo esto en cuenta como punto de partida, podemos relacionar nuestros conceptos con el caso. El problema es que en el territorio en cuestión, el Estado Colombiano es válido pero no eficaz. Esta afirmación la podemos sustentar a través de un estudio teórico complejo donde nos remitimos a los principales exponentes de los conceptos fundamentales que sabemos que son la herramienta para poder desarrollar este caso abstracto, en el sentido jurídico y esclarecer en lo posible esta situación. Es por esto que tomamos como referencia a algunos de los más fieles exponentes de la teoría del derecho entre los cuales hemos escogido minuciosamente a Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Pedro E. Navarro y Herbert Hart. Para poder resolver nuestro problema debemos adentrarnos en la base del derecho en los conceptos tales como validez y eficacia. Así pues, el sistema jurídico colombiano es válido según la teoría de la validez de Hans Kelsen, a partir de la cual la validez se da por la existencia jurídica de una norma, pero que además:

A) Que haya sido creada por el órgano competente,

B) Que se haya observado el procedimiento establecido para la creación de normas y el establecido para la creación del tipo de norma de que se trate,

C) Que la norma no haya sido derogada,

D) Que la norma no resulte contradictoria con alguna otra norma superior del sistema.

El estado colombiano y su sistema jurídico cumplen con todos estos requisitos, por lo tanto este es válido. No obstante, Norberto Bobbio aclara que la validez no es condición de la efectividad de la norma ; entonces porque el sistema jurídico colombiano sea válido no significa que sea eficaz, al contrario podemos afirmar que el sistema jurídico colombiano en el territorio del norte de córdoba no es eficaz. Según Pedro Navarro: “Una norma es eficaz, no simplemente cuando se da una coincidencia entre la conducta debida y conducta producida en cierta ocasión, sino cuando es posible afirmar verdaderamente que existen un número indeterminado de actos de cumplimiento de la norma” . Es claro que en el territorio en cuestión, ni se observa una coincidencia entre el “deber ser” y el “ser” de la norma (puesto que evidentemente como el caso no lo presenta cuando no se quiere pagar el “estatuto tributario” establecido por ley) y menos se observa un número indeterminado de situaciones que cumplan el pago del “estatuto tributario”. Por otro lado, tenemos la segunda fuerza de coacción en el territorio del norte de córdoba, las FARC. Esta entidad no es válida, pero si es eficaz. La primera afirmación se deduce gracias a la teoría de la validez de Hans Kelsen antes mencionada. Las normas establecidas por las FARC en ningún momento fueron creadas por un órgano competente, por lo tanto no son fuente ni válida, ni confiable, ni verídica, ni legal de legislación. Cabe anotar que existen numerosas teorías acerca de la validez que tienen diferentes posiciones acerca de qué se necesita para que un sistema jurídico o una norma sean validos. Así por ejemplo, Alf Ross define la validez como la mera existencia de la norma. Según esta posición las normas de las FARC si serian válidas, puesto que desde el 26 de abril del año 2000, las llamadas: “Fuerzas Revolucionarias de Colombia” promulgaron la ley 002(consideración caso pbl), esto quiere decir, que la norma si existe. Aún así, consideramos que la mera existencia no es requisito suficiente para que una norma sea válida, así que seguiremos junto a la posición de Kelsen, probando que las “normas” de las FARC no son válidas. Sin embargo, estas si son cumplidas en el territorio en cuestión porque existe un agente de violencia alterna al legítimo que obliga al cumplimiento de estas normas en algunos territorios colombianos. A partir de la teoría de Navarro, mencionada anteriormente, las normas establecidas por las FARC si son eficaces porque si se puede observar una coincidencia entre las conductas debidas expuestas en las normas establecidas (ley 002-impuesto para la paz) y las conductas producidas (pago de $90.000.000 a las FARC.) Para considerar en esta problemática el hecho que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) no posean un sistema jurídico integrado por normas jurídicas consideramos el hecho de la existencia de dicho sistema jurídico. Partiendo del criterio de existencia planteado por Austin claramente se establece según este autor que dicho grupo no posee un sistema jurídico estructurado. Austin plantea en su criterio de existencia que un sistema jurídico ‘‘existe si el legislador común de sus disposiciones es un soberano, siendo este sistema jurídico generalmente eficaz”. Culminando con que: “el hecho de que una persona sea soberana y que por lo tanto su sistema de normas pueda existir radica en que si este (el soberano) es habitualmente obedecido y si y solo si sus mandatos son generalmente obedecidos’’ . Claramente se observa como las leyes producto de la invención de las FARC prontamente pierden según este autor su estatus de norma jurídica perteneciente a un sistema jurídico al no cumplir con esa habitualidad en el obedecimiento de los mandatos ya que al ser este grupo sin territorio determinado y al estar en constante persecución por las fuerzas del estado, su ausencia prolongada en distintas zonas genera una ineficacia en el cumplimento de lo establecido por el mismo. Así mismo Austin brinda otra referencia que sustenta la falta de existencia de un sistema en las FARC al recordar frente a la teoría existencialista de Kelsen del sistema jurídico, que este existe si “su legislador supremo es superior a los sujetos jurídicos en relación con toda la disposición jurídica” y al no poder mantener esta guerrilla una superioridad palpable frente al estado colombiano, su sistema jurídico pierde existencia. Es importante dejando a un lado la existencia de la norma jurídica y en conjunto de ellas la de un sistema jurídico, tocar el hecho de que según Kelsen: “un sistema jurídico es el conjunto de todas las disposiciones jurídicas creadas mediante el ejercicio de facultades conferidas, directa o indirectamente, por una norma fundamental” . Esta norma fundamental que en el caso del sistema jurídico colombiano seria la Constitución de 1991, no muestra representación similar en la “sistematización jurídica” que se supone posee el grupo insurgente; evidentemente carece de toda norma suprema o carta magna. De esta manera al no poseer una norma fundante palpable de las cuales se deriven sus normas es erróneo suponer según la percepción de Kelsen que dicho grupo posea normatividad y por lo tanto un sistema jurídico integrado por ellas. En conjunto, el planteamiento anterior en torno a la existencia y cumplimiento de determinad norma y sistema jurídico, debe completarse con la noción de que un sistema jurídico que presente el principio de efectividad debe presentar mayor claridad al vincular el fenómeno de “revolución”. Dicho fenómeno expresa las consecuencias jurídicas impuestas por un acto revolucionario [Las FARC han mantenido un acto revolucionario por 46 años ] al establecer la aparición de entes de poder por un método no establecido en las normas preexistentes. Lo que en palabras de Enrique R. Aftalión refiriéndose a las normas que se crean por este ente revolucionario, la “validez de estas normas revolucionarias solo puede emanar –norma fundamental de por medio- de la efectividad de la revolución. Esto quiere decir, que si la revolución triunfa se produce el cambio de la norma fundamental por una nueva, pero si la revolución fracasa sus promotores serán perseguidos según la validez y existencia de la norma fundamental antigua.” De manera que siguiendo el planteamiento propuesto por Aftalión del fenómeno “revolucionario”, el sistema jurídico colombiano ha mantenido una validez y existencia fundamental desde el acto revolucionario que culmino con el período colonial bajo el mandato de los españoles dando así paso a la Independencia de Colombia en 1810. Otorgando en principio como prueba de dicha legitimidad al Acta de Independencia . Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que las FARC aun no han logrado esa “revolución” que les otorgaría existencia y validez a lo que a su manera llaman leyes, este grupo en lo que denomina: “Ley 001 de La Reforma Agraria Revolucionaria” “Ley 002 Sobre la Tributación” “Ley 003 Sobre La Corrupción Administrativa” Estaría cometiendo una violación al sistema jurídico colombiano existente y por consiguiente merecido, persecución y sanción por parte de este a todo individuo que apoye financie o acoja dichas disposiciones carentes de sentido jurídico real.

CONCLUSIÓN: Tras analizar en detalle el problema jurídico planteado, concluimos que: — El estado colombiano no es soberano en los territorios de Córdoba puesto que existe una pluralidad de poderes ilegítimos, en donde el ejercicio de los “poderes de imperium” tales como la “administración de la justicia”, la “recaudación de impuestos” y el “llamamiento a las armas” es ejecutado por un ente al margen de la ley (las FARC), y fortuitamente por el estado (semi-presencial). — La constitución colombiana le brinda legitimidad del monopolio de la fuerza, únicamente al Estado Colombiano, aun así esta legitimidad no sea eficaz, por lo tanto todo organización que este por fuera de este marco legislativo, no es legal. — Es deber del Estado recaudar impuestos en todo territorio nacional, sabemos que este no ejerce el monopolio de la fuerza cabalmente, siendo así una falencia profunda en el desarrollo y buen funcionamiento de un Estado Social de Derecho, aún así esto no anula el deber del estado de recaudar impuestos. — Finalmente establecemos las siguientes proposiciones: o El Estado colombiano es válido, pero no eficaz. o Las FARC no es un ordenamiento válido, pero si es eficaz.

BIBLIOGRAFIA:

AFTALION, Enrique. Introducción al Derecho, Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot.

RAZ, Joseph EL CONCEPTO DE SISTEMA JURÍDICO México D.F.: DR © 1986. Universidad Nacional Autónoma de México Archivo PDF por Edith Cuautle Rodríguez, http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=877

MATTA A, Luis Alberto. (2002), Colombia y las FARC-EP. Origen de la lucha guerrillera. Testimonio del comandante Jaime Guaraca, Tafalla: Txalaparta argitaletxea.

BETEGÓN, J: Lecciones de Teoría del Derecho, Madrid, McGraw-Hill, 1997.

KELSEN, Hans. Teoría general del Derecho y del Estado. México, UNAM, 1983.

HELLER, Herman. La soberanía, contribución a la teoría del Derecho estatal. México, UNAM-F.C.E., 1995.

ARENDT, Hannah “Sobre la violencia” en Crisis de la República, Madrid, Taurus, 1973.

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