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VOTA POR ANDRES F. BARRERA. REPRESENTANTE CEU DERECHO 2011 – 2012

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PROPUESTAS

1.  NO MAS ROBOS EN LA BIBLIOTECA . Aumentar la SEGURIDAD en la Biblioteca Satelite de Derecho.

2.  Que se de prioridad a los alumnos inscritos en Derecho al momento de incribir materias que son propias de la carrera.

3. No mas atrasos en materias OBLIGATORIAS del Pensum académico, que se SOLUCIONE esto a todos los estudiantes.

4. Que SE CUMPLA el Articulo 91 del ”Reglamento General de Estudiantes de Pregrado” de la Universidad:

5. Que los Estudiantes de Derecho sean MAS visibles dentro de las decisiones de inversión en infraestructura.

6. Que los concursos en donde los estudiantes representan a la universidad y a la facultad sean patrocinados por estas.

 

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Análisis del discurso de Juan Sebastian Pinera (Presidente de La República de Chile) en 2.002

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, es ingeniero comercial de profesión, economista, político, empresario y actual Presidente de la Republica de Chile. Nacido el 1 de Diciembre de 1949, se ha dedicado principalmente al negocio bursátil y a la actividad política. Es dueño de una de las fortunas más grandes de su país, con un capital que asciende a los 200.000.000.000 (Doscientos mil millones) de dólares.

En la política se ha desempeñado como:

–          Senador de la Republica (1990-1998)

–          Candidato Presidencial primero en 2005 donde es derrotado por la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet.

–          Presidente de la Republica en 2009.

El 11 de Septiembre 1973 de Siendo estudiante de económica en Harvard, en su primer día de clases en el salón del premio nobel en Economía Kenneth Arrow, Sebastián Piñera se entero de lo que sucedía en su país, salió de la universidad llego a su departamento y a través de la televisión fue testigo del Golpe de Estado que propinaba el ejercito al mando de Augusto Pinochet, contra el gobierno de Salvador Allende.

Años después de lo anteriormente relatado, en 1998, el juez español Baltasar Garzón logra a través de una orden de captura, que en Londres el ahora Senador de la Republica de Chile y ex dictador Augusto Pinochet sea detenido.

Después de la detención de Pinochet, el 28 de Octubre de ese mismo año, Sebastián Piñera, ahora ex senador de La Republica por dos periodos consecutivos, hace parte de un acto organizado por el RN (Partido Renovación Nacional) y por el UDI (Partido Unión Demócrata Independiente). En dicho acto se repudiaba la detención del actual senador Pinochet.

Ante no menos de 2.000 personas, Sebastián Piñera, pronuncio un discurso en apoyo al ex presidente y actual senador, rechazando la encarcelación de este, fustigando duramente la jurisdicción internacional en materia de violaciones de los derechos humanos.

En este discurso Piñera expone siguientes puntos (en orden de aparición):

  1. Que las condiciones de salud del senador Pinochet son muy delicadas y que todos (el pueblo chileno) conocen esa realidad.
  2. Que en ese preciso momento la familia del senador y él están pasando momentos muy difíciles en Londres y que por lo tanto merecen toda la solidaridad del pueblo chileno.
  3. Que la acción en contra del senador Pinochet constituye un agravio y un atentado a lo más profundo de la soberanía, independencia y dignidad del pueblo Chileno.
  4. Que el juez Garzón debe entender que chile ha sido, es y siempre será un país libre y soberano.
  5. Que no se puede tolerar que un problema de principios permita a otros países entrometerse en los asuntos de chile y juzgar a personas por hechos que sucedieron en suelo chileno, y que son personas que tienen el alto cargo de haber sido Presidentes de la Republica.
  6. Que el no respeto por parte del Gobierno de Inglaterra en torno a la inmunidad diplomática, que por el derecho internacional le correspondía a un senador de la republica en misión especial de nuestro gobierno, constituye un grave atentado a la soberanía y dignidad de Chile.
  7. Que Chile es un país respetuoso del derecho internacional, pero también un país que siempre ha tenido la voluntad la fuerza y el valor para defender la dignidad y la soberanía.
  8. Que sepa el señor Garzón, que hace mas de 188 años,  Chile obtuvo su independencia y que ningún chileno está dispuesto a ser colonia de ningún país del mundo.

El discurso termina con una gran ovación del público y entre voces una expresión que dice ‘’VETE A LA MIERDA GARZON’’.

El discurso propone una idea central y esta es:

–          Arremeter en contra de la encarcelación de ciudadanos chilenos ilustres en calidad de diplomáticos, en países ajenos a la Republica de Chile, ya que con esto se violan los fundamentos principales de la nación; la soberanía, la dignidad e independencia. Así como los principios del Derecho Internacional.

El argumento principal frente la posición en contra de la situación que ilustra Piñera en su discurso es la violación de los principios de la Republica de Chile, así como del Derecho internacional.

Analizando el contenido del discurso, se pueden detectar algunas falacias:

–          Falacia de generalidad: ‘’Las condiciones de salud del senador Pinochet son muy delicadas y que todos nosotros las conocemos’’. (Es decir que todo el público conoce con plena claridad las condiciones de salud del senador.)

 

–          Causa falsa y falacia Ad misericordiam:’El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempo difícil en Londres, en este momento y por eso merecen toda nuestra solidaridad. ’’ Causa falta, debido a que el hecho de que estén en Londres no es causal de que sean merecedores de solidaridad. Ad misericordiam, porque se apela a la situación de ‘’tiempo difícil’’ para pedir solidaridad y así colocar a la audiencia a tono con los argumentos que se presentan después.

 

–          Falacia Ad hominem:’No podemos permitir que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo se arroje una jurisdicción que no le corresponde y pretenda entrometerse en nuestros asuntos’’. En esta falacia es importante resaltar que se debate el argumento del Juez Baltasar Garzón por parte de Sebastián Piñera, y este en toda su intervención solo argumenta su posición con la nacionalidad. Hecho que es ajeno de los argumentos.

 

–          Causa falsa: ‘’Queremos que sepa el señor Garzón que hace mas de 188 años nuestro país obtuvo su independencia con valor y con mucho coraje, y ninguno de nosotros está dispuesto hoy día a ser colonia de ningún país del mundo. ’’ Piñera termina su discurso dando a entender que el hecho que el juez Baltasar Garzón haya dictado y logrado la encarcelación de Augusto Pinochet en Londres, significa que Chile volverá a ser colonia de algún país del mundo. 

En conclusión el discurso aunque es muy emotivo, deja una sensación de desconcierto, debido a que aunque el orador utiliza muchos recursos para defender al ex dictador, pareciera que en el pueblo el recuerdo los crímenes cometidos por este ha desaparecido.

 

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Compromiso por el clima, carente de ambición y eficacia.

Luego de los debates que se suscitaron en clase y de lo “evidentes” que fueron los argumentos en contra de la importancia y relevancia de la Cumbre de Copenhague , es indiscutible que ésta presentó muchas falencias y de por si un esfuerzo traducido en fracaso que aunque altamente mediático, costoso en logística y organización y representativo de manera simbólica, no concluyó en ningún fin práctico o real que definiera de una manera cierta, concreta y eficaz los procesos por medio los cuales los gobiernos participantes iban a disminuir sus emisiones y cómo estos procesos se financiarían tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo (naciones pobres). Claro está que, en concreto, el único resultado palpable fue la confirmación por parte de los jefes de gobierno de una verdad que ya se conocía, que los problemas del hombre (el cambio climático en este caso)”han sido creados por el hombre y por lo tanto pueden ser solucionados por el hombre”[1].

Con afirmaciones como la anterior del Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, y en relación a la realidad palpable del estado climático mundial, se hace evidente que aun siendo los seres humanos los responsables de los cambios catastróficos que afectan a todo el globo, se nos dificulta encontrar maneras por medio las cuales podamos recuperar a través de mediadas estatales un buen estado climático. Cumbres como la de Copenhague demuestran que no es la falta de “compromiso” de los países y sus dirigentes por enfrentar y encarar la problemática ambiental, si no una carente presencia de ambición por concretar las metas de ese compromiso. El acuerdo de Copenhague simboliza un paso adelante que en la realidad no lo es. De hecho la Conferencia de las Partes (COP) no lo formalizado. El acuerdo “no contiene medidas fuertes de reducción de emisiones en los países desarrollados, presenta una gran concesión a las industrias contaminantes del clima, especialmente al sector de los combustibles, sector que presiono fuertemente para socavar un acuerdo y ahora tiene licencia para seguir contaminado”[2]. Esta realidad establece un nuevo agente que se opone al cambio y que enfrenta a ese compromiso de los gobierno con la falta de ambición; Las industria de combustibles fósiles.

Esta polarización del interés industrial del imperialismo económico sobre el beneficio social y general de los pueblos, se hace evidente en las intensas represalias que se tomaron durante la cumbre en contra de aquellos que manifestaron propuesta de la idea de invertir eficazmente en pro de la disminución del cambio climático. “Fuera de la conferencia, quienes se manifestaron en Copenhague sufrieron una represión policial sin precedentes, con la mayor y más cara operación de seguridad en la historia de Dinamarca. Más de 1.200 personas fueron arrestadas, hubo arrestos selectivos a organizadores de las protestas y redadas policiales en los espacios de convergencia de protesta pública.”[3] Esto represento lo que para muchos fue una farsa antidemocrática liderada por Estados unidos. Un acuerdo en cual solo se sacrificaron los intereses de los países pobres, en el afán de los ricos por mantener su posición privilegiada en el mercado mundial. “Lumumba Stanislaus Di-Aping, presidente del grupo G-77 de países en desarrollo, comparó el acuerdo con el Holocausto. El presidente de Amigos de la Tierra, Erich Pica, describió el acuerdo climático liderado por Estados Unidos como una forma de encubrimiento”[4].

La cumbre en sí demostró que  Barack Obama y el liderazgo Europeo no pudieron convencer a los dos gigantes más contaminantes, China y EEUU mismo para asumir compromisos concretos. “Barack Obama, llegó a Copenhague con las manos atadas porque ni el Congreso ni el Senado le habían autorizado a adoptar compromisos concretos.”[5]. dando a entender que fuera del compromiso que pueda tener un jefe de estado en poder solucionar estos problemas, no está directamente en sus manos la capacidad de resolverlos eficazmente, ya que detrás de él no está solo un gobierno, una sociedad o un sistema político-judicial, sino un monopolio económico derivado de la industria de los combustibles fósiles que se reúsa a limitar su producción y de esta manera ver disminuidas sus ganancias; ganancias que son redistribuidas en parte para financiar en el poder a aquellos que “legítimamente” deciden el destino de las gentes del mundo.

Lamentablemente el mundo está condenado por aquellos que en teoría somos los seres más evolucionados; los seres humanos. Es una realidad más que evidente que las consecuencias irreparables del cambio climático están más cerca de lo que se pensaba y que las soluciones para evitarlas cada vez se van acortando y con el pasar del tiempo se volverán inútiles. Las medias para que la humanidad pueda lograr lo que se pretendió en Copenhague no se pueden tomar de la noche a la mañana y requieren de cierto tiempo para que puedan ser efectivas. Pero afirmar lo que abiertamente defienden aquellos en contra del mejoramiento climático y en defensa del desarrollo económico de que este debe ir primero, encontraran en un futuro cercano que esa decisión no solo afectara la vida de los ciudadanos  de sus naciones, sino que también disminuirá ese impulso económico. Esto, partiendo de la creencia fehaciente de que “los países que tomen la delantera en el desarrollo de las nuevas tecnologías necesarias para acometer el imprescindible cambio de paradigma energético estarán mejor posicionados en la nueva era industrial que se avecina”.[6]


[1] Discurso del presidente Obama en la Cumbre sobre Cambio Climático en la ONU , Tomado el 12/09/2010, disponible en:

http://www.america.gov/st/energy-spanish/2009/September/20090922174141eaifas0.2803003.html

[3] La cumbre de Copenhague, otra farsa del imperialismo, Tomado el 12/09/2010, disponible en:

http://www.voltairenet.org/article163661.html

[4] Ibidem.

[5] El Fracaso de la Cumbre de Copenhague, Tomado el 12/09/2010 Disponible en:

http://www.pensamientocritico.org/fracas0410.html

[6] Ibidem.

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¿Es válido y eficaz el sistema jurídico colombiano en un territorio como Córdoba donde no existe el monopolio de la fuerza estatal?

Autores: Andres Felipe Barrera Carrillo , Laura Natalie Galindo Romero y Maria Kimena Rojas Mendez.

INTRODUCCIÓN:

“Se define estado como la institución que posee el monopolio legitimo de la violencia dentro de un territorio” — Max. Weber.

Tomamos esta consigna, del sociólogo alemán, como hilo conductor en nuestro largo trayecto para aproximarnos así al desarrollo del caso que nos ha sido asignado. En este caso tratamos la disyuntiva que se presenta en una confrontación individuo-estado, en la cual ambas partes alegan poseer la potestad de poder ejercer un derecho sobre una propiedad en disputa. Inicialmente hemos planteado el orden cronológico de los sucesos ocurridos basándonos en el caso dado en la actividad de pbl. Nuestra misión será entonces tratar de brindar una claridad objetiva, partiendo de una situación abstracta basados en distintos fundamentos desde los diferentes representantes de la teoría del Derecho y la teoría del Estado.

HECHOS RELEVANTES: El ciudadano Tulio Gómez efectúa un pago a las FARC-EP (Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia) por razón de un impuesto conocido como “impuesto revolucionario”. Dicho desembolso tuvo un valor de 90.000.000 de pesos Colombianos.

Dado que el señor tulio no ha contribuido con el pago de los impuestos al estado colombiano, un juez de córdoba ordena hacer un secuestro de bienes en su propiedad con el fin de cubrir 50. 000.000 que comprenden la deuda tributaria adquirida.

Un inspector de policía y dos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se presentan antes el señor Tulio Gómez con el fin de comunicarle la orden dictada por el juez.

El señor tulio presenta un rechazo ante la orden del juez ya que este afirma haber pagado hace 15 días las suma de 90.000.000 a las FARC en virtud del llamado impuesto revolucionario.

PROBLEMA JURÍDICO:

Partiendo de una relación entre los conceptos vistos en clase y los hechos descritos previamente, el problema jurídico principal y los secundarios que se presentan en el análisis del caso son los siguientes:

¿Es válido y eficaz el sistema jurídico colombiano en un territorio como Córdoba donde no existe el monopolio de la fuerza estatal?

Cuestiones secundarias

1. ¿Es válido el cobro de impuestos por el estado a un territorio donde no se está ejerciendo el monopolio de la fuerza ?

2. ¿Es legítima las acciones de coacción impuestas por las FARC frente a un individuo que no efectúa el pago de “impuestos”?

3. ¿Es un sistema jurídico normativo el establecido por las FARC se necesita que un sistema jurídico sea legal?

 CONCEPTOS RELEVANTES

Embargo: Medida decretada por autoridades judiciales o administrativas con el fin de efectuar el dominio de bienes o derechos de una persona natural o jurídica dejándolos marginados al comercio.

Derecho auxiliar de los acreedores: Grupo de medidas que tienen como finalidad buscar una integridad del patrimonio del deudor teniendo la capacidad de efectuar eficazmente el derecho de prenda general. Dichas medidas se conocen como: las medidas conservativas, la acción paulatina o revocatoria, la acción oblicua u subrogatoria y el beneficio de separación de patrimonios.

El secuestro: Deposito de un objeto disputado por dos o más individuos en manos de otro, que lo restituirá al que obtenga una decisión a su favor.

Estatuto tributario: Es aquel donde se encuentran las normas que regulan los impuestos administrados por la DIAN.

Jurisdicción: Es la capacidad exclusiva que tiene el estado Interés moratorio: Es aquel que se cobra cuando las deudas tributarias no se pagan dentro de los plazos fijados por el gobierno nacional. Se calculan desde el día que se venció el plazo hasta el día de pago.

Obligaciones tributarias: Esta relacionado con el derecho público, en donde existe un lazo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por la ley, para alcanzar un cumplimiento de la prestación tributaria, de manera exigente teniendo una determinada coacción.

Impuestos revolucionarios: Es aquella contribución exigida por las FARC a todo aquel colombiano con un patrimonio superior a un millón de dólares. Dicho impuesto exige el pago del 100% del capital poseído so pena de ser secuestrado.

Desobediencia civil: está fundamentado en la ética, la política y filosofía, no tiene como fin trastabillar el orden jurídico que ha sido establecido, ya que utiliza las vías de hecho. Es un acto de desacato a una ley injusta.

Deuda tributaria: Es aquella cuota que resulta de la liquidación de un impuesto y que tiene como consecuencia el pago a la hacienda pública por parte del sujeto pasivo del mismo. Constituyen a si mismo los recargos exigibles legales sobre la base o la cuota a favor del tesoro o de otros entes públicos, interés de demora, recargo por aplazamiento, recargo de apremio y sanciones pecuniarias.

 METAS DE APRENDIZAJE: Aplicar los conceptos vistos en clase tales como : validez desde las perspectivas del Derecho positivo y el Derecho natural, eficacia desde Pedro Navarro ,norma y sistema jurídico desde Hans Kelsen, Austin y Enrique Afatalión y el monopolio legitimo de la fuerza desde Herman Heller, Max Weber, Thomas Hobbes; para así tener una visión mas amplia y dimensionar la magnitud de la teoría jurídica dentro de la problemática planteada. Reconocer la existencia de otras perspectivas acerca de los temas tratados en el desarrollo de nuestro problema tales como las percepciones en torno a lo visto en clase además de otras conceptualizaciones como monopolio de la fuerza y legitimidad.

DESARROLLO DEL PROBLEMA JURÍDICO: Existiendo ya una previa claridad en los conceptos pertinentes a este caso , nos planteamos entonces llegar a una conclusión que responde a nuestro problema jurídico principal , en la medida en que respondamos los secundarios. Retomamos entonces, el problema jurídico central para así tener claridad argumentativa: ¿Es válido y eficaz el sistema jurídico colombiano en un territorio como Córdoba donde no existe el monopolio legítimo de la fuerza estatal? Nuestro punto central tiene como objetivo presentar las posiciones teóricas posibles al respecto y finalmente llevarnos a adoptar la más apropiada posición según los criterios que hemos expuesto anteriormente. En nuestro caso, sabemos que existen dos fuentes de poder, las Farc y el Estado. Sin embargo, las dos no pueden ser legítimas en la misma zona, puesto que en un Estado Social de Derecho como lo es el colombiano, nuestra constitución menciona en el Artículo 216, Cap. 7, que: Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Que solo es legítimo el monopolio de la fuerza física por parte del Estado Es decir que ningún otro organismo, ente o institución puede atribuirse este derecho pues en el caso en que incurra a violar esta ley automáticamente estará violando el ordenamiento jurídico del estado colombiano y será un grupo subversivo ilegal. Según Weber, el concepto de monopolio de la fuerza violenta legítima debe ser entendido como la potestad que tiene un Estado de desplegar legítimamente coacción sobre cualquier persona, siendo la única fuente de derecho a ejercer una fuerza física sobre otro. En contraste, la filósofa Hannah Arendt establece que la falta de eficacia de las normas se relaciona directamente con una ineficacia en la aplicación de la coacción, desde esta perspectiva podemos deducir que al no exigir la cabal aplicación de las normas emitidas por un orden jurídico legal, en este caso emitidas legítimamente por el estado, es probable que a su vez sea debido a la negligencia a la hora de ejercer la fuerza, pues si un estado no es lo suficientemente competente para hacer eficaz una normatividad establecida, es por ende negligente ejerciendo su legitimidad, su más importante poder, el poder de ser el único legalmente autorizado para ejercer la coacción. Dando lugar a la entrada de nuevos entes, que sí son eficaces a la hora de ejercer este monopolio de la fuerza, pues a pesar de que no estén legalmente reconocidos, es decir que estén por fuera de una normatividad legal, ya establecida, se encuentran entonces al margen de esta, pero eso no es ni siquiera un motivo para que dejen de hacerlo pues en el caso especifico de las FARC, ellos no tienen solo el poder sobre las armas, sino del territorio, o dicho en otras palabras, tienen una soberanía integral, y ejercen eficazmente lo que en su lugar el Estado debiese ser el que lo ejerce. Vemos que el monopolio de violencia legítima implica que el Estado no sea solamente un ente político o jurídico, sino que a su vez posea el monopolio de la capacidad de ejercer coacción sobre sus ciudadanos, y precisamente que por ser un monopolio debe rechazar la idea en un caso hipotético de aceptar a un tercero que ejerza este mismo poder de coacción pues en este caso no solo se estaría violando el principio de soberanía del Estado sino que además peligra al mismo estado social de derecho, pues desarticula su fuente de derecho que es la única capaz de ejecutar el uso de la violencia, pues esta coacción debe ser irrestrictamente centralizada y unitaria, y solo puede recaer en la responsabilidad de un Estado legítimamente constituido. Por eso no es raro, que un ciudadano, como el señor Tulio Gómez, le de la legitimidad a las FARC, afianzando su relación de subyugación. Y se sienta obligado a efectuar un pago a un grupo insurgente y no a quien legalmente debiese ser, en este caso al Estado. En consecuencia, es el Estado el único que tiene la facultad de detentar los medios de coerción, solo él puede poseer fuerzas armadas (llamar a las armas), solo él puede administrar justicia, y solo él puede recaudar impuestos. Es por esto que el Estado no puede permitir por ninguna circunstancia la existencia de grupos armados diferentes a los establecidos legalmente, pues de hacerlo inmediatamente implica una amenaza mayor contra la estabilidad del ordenamiento jurídico. En consecuencia, nos indagamos: ¿Son legítimas las acciones de coacción impuestas por las FARC frente a un individuo que no efectúa el pago de “impuestos”? Para nosotros es negativa esta respuesta, pues dentro de un ordenamiento jurídico establecido y reglamentado por una Constitución, el hecho de que un individuo efectúe pagos a instituciones ajenas al Estado, ese constitucionalmente ilegal. Entonces, cuando un estado como el colombiano no detenta este poder de poseer un monopolio de la fuerza, que constitucionalmente le es conferido, no hay duda de que hay una crisis de legitimidad, pues la existencia de estos grupos insurgentes representa la negligencia por parte del Estado de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Como sabemos en el territorio del norte de Córdoba, en donde reside el señor Tulio Gómez, el monopolio de la fuerza es ejercido por las FARC, por esta razón, él debe pagar un “Impuesto para la paz”, para no ser “retenido” por las FARC. De la misma forma, el señor Tulio al vivir en un territorio que hace parte del estado Colombiano, debe contribuir con el “estatuto tributario” que está establecido por la ley. Teniendo esto en cuenta como punto de partida, podemos relacionar nuestros conceptos con el caso. El problema es que en el territorio en cuestión, el Estado Colombiano es válido pero no eficaz. Esta afirmación la podemos sustentar a través de un estudio teórico complejo donde nos remitimos a los principales exponentes de los conceptos fundamentales que sabemos que son la herramienta para poder desarrollar este caso abstracto, en el sentido jurídico y esclarecer en lo posible esta situación. Es por esto que tomamos como referencia a algunos de los más fieles exponentes de la teoría del derecho entre los cuales hemos escogido minuciosamente a Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Pedro E. Navarro y Herbert Hart. Para poder resolver nuestro problema debemos adentrarnos en la base del derecho en los conceptos tales como validez y eficacia. Así pues, el sistema jurídico colombiano es válido según la teoría de la validez de Hans Kelsen, a partir de la cual la validez se da por la existencia jurídica de una norma, pero que además:

A) Que haya sido creada por el órgano competente,

B) Que se haya observado el procedimiento establecido para la creación de normas y el establecido para la creación del tipo de norma de que se trate,

C) Que la norma no haya sido derogada,

D) Que la norma no resulte contradictoria con alguna otra norma superior del sistema.

El estado colombiano y su sistema jurídico cumplen con todos estos requisitos, por lo tanto este es válido. No obstante, Norberto Bobbio aclara que la validez no es condición de la efectividad de la norma ; entonces porque el sistema jurídico colombiano sea válido no significa que sea eficaz, al contrario podemos afirmar que el sistema jurídico colombiano en el territorio del norte de córdoba no es eficaz. Según Pedro Navarro: “Una norma es eficaz, no simplemente cuando se da una coincidencia entre la conducta debida y conducta producida en cierta ocasión, sino cuando es posible afirmar verdaderamente que existen un número indeterminado de actos de cumplimiento de la norma” . Es claro que en el territorio en cuestión, ni se observa una coincidencia entre el “deber ser” y el “ser” de la norma (puesto que evidentemente como el caso no lo presenta cuando no se quiere pagar el “estatuto tributario” establecido por ley) y menos se observa un número indeterminado de situaciones que cumplan el pago del “estatuto tributario”. Por otro lado, tenemos la segunda fuerza de coacción en el territorio del norte de córdoba, las FARC. Esta entidad no es válida, pero si es eficaz. La primera afirmación se deduce gracias a la teoría de la validez de Hans Kelsen antes mencionada. Las normas establecidas por las FARC en ningún momento fueron creadas por un órgano competente, por lo tanto no son fuente ni válida, ni confiable, ni verídica, ni legal de legislación. Cabe anotar que existen numerosas teorías acerca de la validez que tienen diferentes posiciones acerca de qué se necesita para que un sistema jurídico o una norma sean validos. Así por ejemplo, Alf Ross define la validez como la mera existencia de la norma. Según esta posición las normas de las FARC si serian válidas, puesto que desde el 26 de abril del año 2000, las llamadas: “Fuerzas Revolucionarias de Colombia” promulgaron la ley 002(consideración caso pbl), esto quiere decir, que la norma si existe. Aún así, consideramos que la mera existencia no es requisito suficiente para que una norma sea válida, así que seguiremos junto a la posición de Kelsen, probando que las “normas” de las FARC no son válidas. Sin embargo, estas si son cumplidas en el territorio en cuestión porque existe un agente de violencia alterna al legítimo que obliga al cumplimiento de estas normas en algunos territorios colombianos. A partir de la teoría de Navarro, mencionada anteriormente, las normas establecidas por las FARC si son eficaces porque si se puede observar una coincidencia entre las conductas debidas expuestas en las normas establecidas (ley 002-impuesto para la paz) y las conductas producidas (pago de $90.000.000 a las FARC.) Para considerar en esta problemática el hecho que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) no posean un sistema jurídico integrado por normas jurídicas consideramos el hecho de la existencia de dicho sistema jurídico. Partiendo del criterio de existencia planteado por Austin claramente se establece según este autor que dicho grupo no posee un sistema jurídico estructurado. Austin plantea en su criterio de existencia que un sistema jurídico ‘‘existe si el legislador común de sus disposiciones es un soberano, siendo este sistema jurídico generalmente eficaz”. Culminando con que: “el hecho de que una persona sea soberana y que por lo tanto su sistema de normas pueda existir radica en que si este (el soberano) es habitualmente obedecido y si y solo si sus mandatos son generalmente obedecidos’’ . Claramente se observa como las leyes producto de la invención de las FARC prontamente pierden según este autor su estatus de norma jurídica perteneciente a un sistema jurídico al no cumplir con esa habitualidad en el obedecimiento de los mandatos ya que al ser este grupo sin territorio determinado y al estar en constante persecución por las fuerzas del estado, su ausencia prolongada en distintas zonas genera una ineficacia en el cumplimento de lo establecido por el mismo. Así mismo Austin brinda otra referencia que sustenta la falta de existencia de un sistema en las FARC al recordar frente a la teoría existencialista de Kelsen del sistema jurídico, que este existe si “su legislador supremo es superior a los sujetos jurídicos en relación con toda la disposición jurídica” y al no poder mantener esta guerrilla una superioridad palpable frente al estado colombiano, su sistema jurídico pierde existencia. Es importante dejando a un lado la existencia de la norma jurídica y en conjunto de ellas la de un sistema jurídico, tocar el hecho de que según Kelsen: “un sistema jurídico es el conjunto de todas las disposiciones jurídicas creadas mediante el ejercicio de facultades conferidas, directa o indirectamente, por una norma fundamental” . Esta norma fundamental que en el caso del sistema jurídico colombiano seria la Constitución de 1991, no muestra representación similar en la “sistematización jurídica” que se supone posee el grupo insurgente; evidentemente carece de toda norma suprema o carta magna. De esta manera al no poseer una norma fundante palpable de las cuales se deriven sus normas es erróneo suponer según la percepción de Kelsen que dicho grupo posea normatividad y por lo tanto un sistema jurídico integrado por ellas. En conjunto, el planteamiento anterior en torno a la existencia y cumplimiento de determinad norma y sistema jurídico, debe completarse con la noción de que un sistema jurídico que presente el principio de efectividad debe presentar mayor claridad al vincular el fenómeno de “revolución”. Dicho fenómeno expresa las consecuencias jurídicas impuestas por un acto revolucionario [Las FARC han mantenido un acto revolucionario por 46 años ] al establecer la aparición de entes de poder por un método no establecido en las normas preexistentes. Lo que en palabras de Enrique R. Aftalión refiriéndose a las normas que se crean por este ente revolucionario, la “validez de estas normas revolucionarias solo puede emanar –norma fundamental de por medio- de la efectividad de la revolución. Esto quiere decir, que si la revolución triunfa se produce el cambio de la norma fundamental por una nueva, pero si la revolución fracasa sus promotores serán perseguidos según la validez y existencia de la norma fundamental antigua.” De manera que siguiendo el planteamiento propuesto por Aftalión del fenómeno “revolucionario”, el sistema jurídico colombiano ha mantenido una validez y existencia fundamental desde el acto revolucionario que culmino con el período colonial bajo el mandato de los españoles dando así paso a la Independencia de Colombia en 1810. Otorgando en principio como prueba de dicha legitimidad al Acta de Independencia . Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que las FARC aun no han logrado esa “revolución” que les otorgaría existencia y validez a lo que a su manera llaman leyes, este grupo en lo que denomina: “Ley 001 de La Reforma Agraria Revolucionaria” “Ley 002 Sobre la Tributación” “Ley 003 Sobre La Corrupción Administrativa” Estaría cometiendo una violación al sistema jurídico colombiano existente y por consiguiente merecido, persecución y sanción por parte de este a todo individuo que apoye financie o acoja dichas disposiciones carentes de sentido jurídico real.

CONCLUSIÓN: Tras analizar en detalle el problema jurídico planteado, concluimos que: — El estado colombiano no es soberano en los territorios de Córdoba puesto que existe una pluralidad de poderes ilegítimos, en donde el ejercicio de los “poderes de imperium” tales como la “administración de la justicia”, la “recaudación de impuestos” y el “llamamiento a las armas” es ejecutado por un ente al margen de la ley (las FARC), y fortuitamente por el estado (semi-presencial). — La constitución colombiana le brinda legitimidad del monopolio de la fuerza, únicamente al Estado Colombiano, aun así esta legitimidad no sea eficaz, por lo tanto todo organización que este por fuera de este marco legislativo, no es legal. — Es deber del Estado recaudar impuestos en todo territorio nacional, sabemos que este no ejerce el monopolio de la fuerza cabalmente, siendo así una falencia profunda en el desarrollo y buen funcionamiento de un Estado Social de Derecho, aún así esto no anula el deber del estado de recaudar impuestos. — Finalmente establecemos las siguientes proposiciones: o El Estado colombiano es válido, pero no eficaz. o Las FARC no es un ordenamiento válido, pero si es eficaz.

BIBLIOGRAFIA:

AFTALION, Enrique. Introducción al Derecho, Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot.

RAZ, Joseph EL CONCEPTO DE SISTEMA JURÍDICO México D.F.: DR © 1986. Universidad Nacional Autónoma de México Archivo PDF por Edith Cuautle Rodríguez, http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=877

MATTA A, Luis Alberto. (2002), Colombia y las FARC-EP. Origen de la lucha guerrillera. Testimonio del comandante Jaime Guaraca, Tafalla: Txalaparta argitaletxea.

BETEGÓN, J: Lecciones de Teoría del Derecho, Madrid, McGraw-Hill, 1997.

KELSEN, Hans. Teoría general del Derecho y del Estado. México, UNAM, 1983.

HELLER, Herman. La soberanía, contribución a la teoría del Derecho estatal. México, UNAM-F.C.E., 1995.

ARENDT, Hannah “Sobre la violencia” en Crisis de la República, Madrid, Taurus, 1973.

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